Boletín de Análisis Trimestral. Julio-Septiembre 2010
Presentación
El Observatorio Nacional de Gobernabilidad, ha sido desarrollado por Cinco desde el año 2004. Entre 2005 y 2008, este observatorio se transformó en el Observatorio Nacional de la Democracia y la Gobernabilidad, ejecutado por el consorcio establecido entonces entre el Ipade, el CDC y Cinco, y en su más reciente etapa, entre los años 2009 y 2010, se ha desarrollado nuevamente como una iniciativa de Cinco.
El Observatorio está concebido como una plataforma de pensamiento y acción ciudadana para el fortalecimiento de la democracia en Nicaragua. Su principal objetivo es ofrecer conocimientos y análisis especializados en diversos aspectos de la democracia y monitorear el estado de la gobernabilidad y la democracia en el país. Desde su creación, el Observatorio ha producido una serie de estudios y análisis que han contribuido al debate público nacional.
En esta etapa y considerando las particulares condiciones del contexto político del país y la proximidad de las elecciones generales del 2011, Cinco ha decidido elaborar un boletín de análisis trimestral a partir del monitoreo de los principales aspectos de la democracia y la gobernabilidad en Nicaragua, a fin de que sirva como insumo para el debate entre los actores de la sociedad civil y la sociedad nicaragüense, en general.
El boletín se publicará trimestralmente y cuenta con cuatro secciones dedicadas a: los cambios en la correlación de fuerzas entre los principales actores del sistema político, los principales conflictos sociales y políticos que afectan el ejercicio de los derechos ciudadanos a nivel individual y colectivo, los cambios en las percepciones ciudadanas respecto al rumbo del país y el estado de la democracia y la gobernabilidad, y la influencia de los procesos internacionales en la situación del país.
Introducción
En el primer informe nacional sobre democracia y gobernabilidad producido por el Observatorio en el año 2007, se analizaban los cambios operados en el sistema y régimen político del país, en los aspectos económicos y en la relación entre el Estado y los ciudadanos. De ese análisis surgieron cuatro grandes conclusiones:
• Las acciones del gobierno durante el año 2007, apuntaron claramente a modificar el régimen político del país a través del control de las instituciones estatales y la modificación del marco jurídico e institucional.
• Las políticas económicas de corte neoliberal iniciadas por los gobiernos anteriores, se mantuvieron con el nuevo gobierno y se alentó la conformación de un nuevo grupo económico nucleado alrededor de la familia presidencial, utilizando para ello los fondos provenientes de la cooperación venezolana.
• Las relaciones entre el gobierno y la sociedad civil entraron en conflicto abierto, ante la negativa del primero de reconocer a los diversos actores sociales, el cierre total del sistema político y las acciones de represión e intimidación realizadas por el gobierno. Esta relación conflictiva modificó sustancialmente los procesos de participación ciudadana y el ejercicio de ciertos derechos ciudadanos como: el acceso a la información pública, la libre organización y movilización.
• La creación de estructuras paralelas de participación ciudadana a través de los Consejos de Poder Ciudadano, (CPC), y el estilo de gobierno impuesto por la pareja presidencial dieron lugar un modelo de gobernabilidad paralela opuesto al Estado de Derecho, como base de un régimen democrático.
Desde el inicio del período de gobierno Ortega, quedó claro que sus intenciones eran mantenerse en el poder. De tal manera que en los siguientes, 2008-2009, sus acciones también se enfocaron en asegurar las condiciones políticas y económicas necesarias para alcanzar su objetivo, aún cuando eso significara pasar reiteradamente por encima de la Constitución Política y demás leyes del país, e incluso alentar el fraude electoral en las elecciones municipales del 2008 y la violencia política contra organizaciones sociales y ciudadanos.
De esa manera, el año 2010 inició con todas las instituciones subordinadas al presidente Ortega, especialmente la CSJ y el CSE; un nuevo grupo con poder económico vinculado directamente con la familia del presidente; una sociedad civil amenazada y la centralización del poder en la figura del presidente y su esposa.
Durante los primeros meses de ese mismo año, el gobierno dedicó todos sus recursos para echar a andar una estrategia política de aplanadora en función de las elecciones presidenciales del 2011. Los primeros pasos de la estrategia fueron el control total sobre las autoridades municipales, el cual lograron sustituyendo y cooptando a los alcaldes no sandinistas; y la utilización clientelista de los recursos de la cooperación venezolana a fin de cooptar adeptos y asegurar votos desde muy temprano.
Actores y sistema político
El período de análisis se abre con la irregular situación de los magistrados en las diferentes instituciones estatales: Corte Suprema de Justicia, Consejo Supremo Electoral, Contraloría General de la República y Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Estos funcionarios tenían que haber sido elegidos por la Asamblea Nacional entre los últimos meses del 2009 y junio del 2010, sin embargo, la falta de consenso entre las diferentes fuerzas políticas representadas en el parlamento y la promulgación de un decreto ilegal del gobierno manteniendo a estos magistrados en sus cargos, ha prolongado la irregular situación.
En consecuencia, todo lo actuado por estos funcionarios es violatorio de las leyes, pero además se ha profundizado el derrumbe de las instituciones y el Estado de Derecho.
El gobierno y las instituciones estatales
En esas condiciones, el gobierno y el FSLN se aprestaron a celebrar un aniversario más del derrocamiento de la dictadura somocista, ocasión que aprovecharon para lanzar públicamente la candidatura de Daniel Ortega para un segundo período presidencial, a pesar de la prohibición expresa que establece la Constitución Política del país.
La crisis de las instituciones se agravó en el mes de agosto cuando los magistrados liberales en la CSJ se negaron a reunirse en corte plena, aduciendo la falta de legalidad de sus nombramientos. Los magistrados alineados con el gobierno decidieron entonces sustituirlos integrando conjueces a la CSJ, seleccionados entre los adeptos al gobierno. Las reacciones de todos los sectores sociales y políticos del país, no se hicieron esperar, pero la decisión terminó imponiéndose y la Corte con sus respectivas salas, comenzaron a sesionar y emitir resoluciones.
Por su lado, el CSE presentó públicamente una nueva cédula de identidad e inició la entrega masiva de la misma a los empleados estatales y personas allegadas al FSLN. La medida ha sido ampliamente cuestionada por diversos sectores sociales y políticos, considerando que a los primeros se les ha entregado gratuitamente y el resto de la población tiene que pagar por el documento de identidad, aún cuando la ley lo prohíbe y los fondos para emitirlo fueron aportados por la cooperación externa.
Además, el CSE se negó públicamente y de manera categórica a permitir la acreditación para la observación, nacional e internacional, durante las próximas elecciones del 2011. Con el argumento de que la observación no es necesaria y que no se iban a permitir acciones injerencistas en los asuntos nacionales, el magistrado de facto Roberto Rivas, presidente del CSE, amenazó con expulsiones a los organismos internacionales que realizaran observación y con cárcel a los nacionales. Las reacciones más fuertes provinieron de los líderes políticos y representantes de organismos civiles que en otras ocasiones han realizado esta labor. En todos los casos se argumentó que la decisión del CSE violaba el reglamento electoral y los organismos nacionales declararon su decisión de observar las elecciones aún cuando no sean acreditados.
En ese mismo contexto, el CSE anunció oficialmente la convocatoria para las elecciones del 2011 mientras diversos sectores sociales y políticos del país expresaban su preocupación por lo anticipado del anuncio y los graves problemas técnicos a los que se enfrentará el proceso electoral, tales como: la falta de depuración del padrón electoral, la falta de cedulación de grandes sectores de población y la cedulación selectiva para los miembros del partido de gobierno, la falta de credibilidad del CSE, la negación a la observación de las elecciones y la permanencia ilegal de los magistrados del Consejo.
A este anuncio del CSE se agregó la decisión del presidente de la Asamblea Nacional de mandar a publicar la versión de la Constitución que contiene el artículo transitorio 201 referido a la permanencia de los magistrados en los poderes estatales al momento de la promulgación de la Carta Magna. Esta decisión también generó un debate público en el cual la mayoría de los argumentos coincidieron en que este hecho no cambia la transitoriedad del artículo en cuestión y que no le da validez, legalidad ni legitimidad a la permanencia actual de los funcionarios en la CSJ, el CSE y demás instituciones públicas.
La CSJ, en una sesión de corte plena con la participación de los conjueces nombrados, ratificó la validez del decreto presidencial que mantiene en sus cargos a los 25 funcionarios públicos de diferentes poderes estatales.
Los partidos políticos
La contraparte de las acciones de gobierno y otras instituciones estatales, se encuentra en los partidos que participan en el sistema político y que van marcando la pauta del proceso.
En este período, los diferentes partidos políticos también realizaron acciones de preparación temprana para las elecciones presidenciales del 2011. Estas iniciaron con la realización de la convención del PLC donde se anunció la candidatura de Arnoldo Alemán, un hecho que ya se anticipaba desde meses anteriores. Inmediatamente después de la convención, magistrados de la CSJ que funcionan como voceros del partido de gobierno, le recordaron a Alemán los casos que tiene pendientes y que le podrían impedir correr como candidato, una maniobra recurrente que ha sido utilizada en diversas ocasiones para obligar al PLC a negociar con el FSLN.
Casi al mismo tiempo, Eduardo Montealegre, uno de los principales líderes del Movimiento Vamos con Eduardo, presentó también su candidatura. Sin embargo, poco tiempo después declinó de sus aspiraciones para dar lugar a la candidatura de Fabio Gadea Mantilla, un conocido empresario radial salido del PLC, y que surgió de un grupo de agrupaciones políticas sin personería jurídica. El anuncio generó expresiones de optimismo entre diferentes sectores sociales y políticos del país.
Gadea se dispuso inmediatamente a recorrer en país en búsqueda del apoyo ciudadano, especialmente los de tendencia liberal. Mientras, Alemán rechazó la candidatura minimizándola y llamando a Gadea para que dirimieran las candidaturas en las elecciones primarias que se estaban organizando a fin d encontrar un candidato único de oposición que le hiciera frente a Daniel Ortega.
Sin embargo, aunque los organizadores de las primarias mantienen la iniciativa, ésta se ha enfrentado una serie de obstáculos relacionados con la falta de consenso de las mismas fuerzas participantes en relación a los procedimientos para efectuarlas. Mientras otros, como el MRS se niegan a participar en ellas aduciendo que la influencia de actores como el PLC y Alemán ya habían viciado la iniciativa.
En su afán de presentarse como candidato único y a pesar del rechazo generalizado de los ciudadanos y las otras fuerzas políticas, Alemán mantuvo su rechazo a la candidatura de Gadea, y en una visita realizada a Roberto Micheletti, en Honduras, se autoproclamó como candidato único de la oposición.
En ese contexto se estableció el acuerdo entre la Alianza Patriótica y la Coalición Democrática, a fin de unificar fuerzas para enfrentar a Daniel Ortega en las elecciones del 2011.
La sociedad civil
Entre los acontecimientos más destacados entre los actores de sociedad civil se encuentra el premio Maria Mors Cabott otorgado al periodista nicaragüense Carlos F. Chamorro por su labor periodística y su sistemática defensa de la libertad de prensa.
Además, el Grupo Estratégico por la despenalización del aborto entregó al gobierno 37 mil firmas recogidas por Amnistía Internacional, sin embargo el gobierno sigue prestando oídos sordos a este reclamo.
Situación social y económica
En relación con los aspectos sociales y económicos, el período se caracterizó por la intención del gobierno de maquillar su desempeño especialmente en relación con el combate a la pobreza. En ese sentido, en diversas oportunidades, el presidente Ortega y sus funcionarios o asesores hicieron sus propias interpretaciones de datos sobre pobreza. Esas interpretaciones fueron cuestionadas por diversos especialistas.
Basados en sus propias interpretaciones, uno de los principales asesores del presidente participó en la Cumbre de Naciones Unidas para el cumplimiento de los Objetivos del Milenio. En esa oportunidad el funcionario anunció el cumplimiento de la meta número 1 de los ODM en el país, un logro que la mayoría de los especialistas dudan se pueda alcanzar.
La situación se complicó cuando las abundantes lluvias del invierno provocaron inundaciones en diferentes partes del país. Miles de personas tuvieron que ser evacuadas y la cosecha de frijoles prácticamente se perdió en todo el país causando escasez e incremento exagerado de precio.
De acuerdo a los informes oficiales, el crecimiento económico del país alcanzó el 2.5, más de lo previsto inicialmente a causa del aumento de las exportaciones y el envío de remesas familiares. El dato colocó al gobierno en una buena posición frente al FMI, quien se mostró contento con el desempeño, pero solamente extendió el acuerdo por un año. El paso siguiente del gobierno consistió en conseguir la aprobación de una reforma al presupuesto 2010 para cumplir con el FMI. El argumento fue que se necesitaba la reforma para atender la emergencia causada por las inundaciones.
Vinculadas con el tema de los megaproyectos de la familia presidencial, durante estos meses el gobierno firmó un acuerdo con un grupo de coreanos para la construcción de un puerto en Monkey Point. Igualmente, se conoció la denuncia por los daños ambientales que está ocasionando el proyecto Brito en el río San Juan, ejecutado por una empresa brasileña con la autorización del gobierno. La sombra de Albanisa apareció detrás de ambos mega proyectos mientras el gobierno no ofrece información ni explicaciones a los afectados y la sociedad en general.
El rumbo país
A tono con el inicio de las estrategias y acciones del gobierno y las demás fuerzas políticas en función de las elecciones del 2011, la opinión ciudadana comenzó a experimentar pequeños cambios, de acuerdo a resultados de encuestas realizadas por M&R consultores en Junio 2010. Uno de los más significativos es que para el mes de junio, las encuestas comenzaron a mostrar una disminución en el porcentaje de los que se declaran como independientes en sus simpatías políticas, mientras que aumentaban las simpatías por los diferentes partidos políticos.
Además, se comenzó a cerrar la brecha entre el porcentaje de los que piensan que el presidente es autoritario (51 %) y quienes piensan que es democrático (36 %). En general, los cambios en las curvas de opinión resultaron favorables al gobierno, aunque todavía las opiniones sobre la conducción política del país por parte del presidente, son mayoritariamente desfavorables, tampoco sienten el impacto de las políticas sociales en el mejoramiento de sus condiciones de vida y las de sus familias, y no les transmite esperanza.
En el caso de las demás instituciones públicas, se mantiene los altos porcentajes de desconfianza y en el caso de la Asamblea Nacional, incluso descendieron.
Pero, si el gobierno y las instituciones estatales mantienen todavía bajos niveles de aprobación, especialmente en el sector de los independientes, la oposición tampoco cuenta con una opinión favorable. Casi el 65 % de los entrevistados afirmaron no identificarse con ningún líder de la oposición y tampoco valoran positivamente su desempeño, pero piensa que la oposición debería promover una fuerza de unidad nacional similar a la de 1990.
Mientras tanto, las percepciones en relación a la situación del país y de la economía mantienen la tendencia de encuestas anteriores. En ese sentido, los principales problemas identificados con la situación familiar están relacionados con necesidades de vivienda y enfermedades. Curiosamente, un porcentaje importante, (35), no expresó tener problemas.
Con respecto al país, la población sigue identificando al desempleo y la pobreza como los principales problemas. Otros problemas con porcentajes importantes fueron el alza de precios en los servicios públicos y delincuencia.
Las opiniones en relación a que la situación económica de sus familias se mantiene igual o peor que hace dos años, están divididas. Los que piensan que está igual alcanzan el 41 % y los que piensan que ha empeorado, llegan al 33 %. Sin embargo, hay una expectativa optimista entre el 48 % que considera que la situación va a mejorar y un 33 % que piensa que se va a mantener igual. Con todo, un 54 % se iría del país si pudiera.
Tendencias internacionales
En el ámbito internacional, el presidente Ortega realizó una visita a Brasil, durante la cual firmó varios acuerdos económicos con su homólogo para desarrollar proyectos conjuntos en Nicaragua.
En esas mismas fechas se realizó una reunión del SICA después de varios intentos fallidos, sin embargo Nicaragua no asistió. Durante esa reunión, los demás países centroamericanos emitieron una resolución que integra nuevamente a Honduras en ese foro de integración regional, sin embargo, el gobierno de Nicaragua se opuso a ella aduciendo que no era de consenso.
Otro tema que suscitó un debate nacional e internacional fueron las declaraciones ofrecidas por el presidente Ortega a una periodista rusa. En la entrevista, Ortega se refirió a las relaciones entre Nicaragua y Estados Unidos y expresó que este último país no promovía un golpe de estado en Nicaragua tal como hizo en Honduras solamente porque no tiene influencia sobre el ejército. Algunos analistas nicaragüenses consideraron que las declaraciones no se ajustaban al estado actual de las relaciones entre ambos países.
Conclusiones
En este período el gobierno se aprestó a preparar las condiciones para ejecutar plenamente su estrategia política de cara a las elecciones del 2011.
Esta estrategia incluyó: ampliar y fortalecer el control sobre las instituciones estatales, especialmente la CSJ y el CSE, pues jugarán un papel clave legalizando la candidatura de Ortega y los resultados definidos de antemano de las elecciones. Esto agudizó la situación de ilegalidad en que se encuentra especialmente la CSJ y ha puesto en alto riesgo dos pilares fundamentales de un régimen democrático: el estado de derecho y el acceso a la justicia, y el derecho al voto.
Como parte de la estrategia, el gobierno terminó de controlar aquellas alcaldías que estaban dirigidas por alcaldes no orteguistas y que jugarán un papel clave en la promoción del clientelismo populista.
Esta estrategia ha sido diseñada por el gobierno frente a la imposibilidad de lograr la legalización de la candidatura de Ortega a través de una reforma constitucional en la Asamblea Nacional, sin embargo, aunque no logró los votos necesarios para esto, si ha conseguido mantener dividida a la oposición renovando su pacto con Arnoldo Alemán. Para ello no ha reparado en violentar una y otra vez las leyes del país, incluida la propia Constitución Política y para ello ha contado con la complicidad de los magistrados en los diferentes poderes del estado y sus socios alemanistas.
Una de las grandes sorpresas del período fue la emergencia de la candidatura de Fabio Gadea y el alto grado de apoyo con el que ha contado desde su inicio. Esto ha provocado roces con Alemán, quien se sigue proclamando candidato único a pesar que las encuestas de opinión lo colocan muy por debajo de cualquier otra persona en la confianza de la gente.
La emergencia de esta candidatura transcurrió de manera simultánea al establecimiento de una alianza entre dos grandes coaliciones de oposición que se venían conformando: la Alianza Patriótica y la Coalición Democrática. El establecimiento del acuerdo entre ambas ha dado lugar a dos grandes polos de oposición: el alemanista y el democrático. Este último ha apoyado la candidatura de Gadea.
Como parte de su estrategia electoral, el gobierno comenzó a tratar de mejorar su imagen y para ello interpretó y maquilló a su favor datos estadísticos referidos a la lucha contra la pobreza. Esas lecturas fueron cuestionadas por especialistas en el tema e incuso, rectificadas por una de las instituciones que produce tales datos.
La cuestión de fondo en el debate sobre la evolución de la economía encierra una paradoja y una contradicción. La paradoja es que con las mismas políticas criticadas discursivamente a “la derecha neoliberal” se pretende justificar un mejor impacto social. Eso podría ocurrir sólo si se presentaran tres condiciones: a) que el PIB creciera por encima del 4%, entre 6 y 7%, b) que se ampliara la base productiva, y c) que se produjera una efectiva distribución del ingreso. Ninguna de estas tres condiciones se observan en el país, por lo tanto, aquí nace la contradicción. Considerando el análisis anterior es difícil que pueda disminuir la pobreza. La tasa de crecimiento no despega del 4%, el empleo informal sigue siendo mayoritario y la evolución en dientes de sierra no marca una tendencia sostenida. Si el 2009 fue un año recesivo y con alta inflación, el 2010 ha sido más bien de recuperación.
La controversia se entiende porque, aunque los datos macroeconómicos del BCN sean confiables, no ocurre lo mismo con la gestión del sector social y económico, en particular los proyectos sociales y la gestión privada que hace el gobierno con los fondos de la cooperación venezolana. Sin transparencia en esto es imposible generar un consenso en torno a los datos y verificar el impacto real. De allí que el alcance de los Objetivos del Milenio sea una meta difícil de consolidar, especialmente el que fija la reducción de la extrema pobreza a la mitad para el año 2015. Es decir, disminuir 8.6 % a partir del indicador de 17.2 establecido en el 2005. Por lo tanto, está ocurriendo algo que sólo algunos ven o los datos no cuadran.
Las inundaciones provocadas por las lluvias durante estos meses sirvieron de excusa perfecta para que el gobierno reforzara el clientelismo populista que ha estado promoviendo con la cooperación venezolana, aunque, para quedar bien con el FMI, tuvo que reconocer que esta cooperación ha sido otorgada en calidad de préstamos y no como donaciones, tal como habían insistido en afirmar durante los años anteriores. Esto cambia sustantivamente las cosas, pues de acuerdo a los analistas económicos, estos fondos deberían pasar al presupuesto de la república, ser sujeto de rendición de cuentas y control por parte de las instituciones encargadas y si generan deuda pública.
También quedó claro que el grupo económico conformado alrededor de la familia presidencial continúa su proceso de enriquecimiento a través del control de los más jugosos proyectos económicos del país.
Mientras tanto, los efectos de las políticas populistas y el clientelismo político comienzan a hacer efecto en las percepciones ciudadanas, tal como lo revelan los resultados de las últimas encuestas de opinión.